LA MAQUINARIA DE LA IMPUNIDAD
Jan-Albert Hootsen sobre por qué siguen asesinando a periodistas
Cuando asesinan a un periodista, siempre existe la tentación de concentrarse en el crimen mismo: el cuerpo, los sospechosos, la brutalidad de un solo acto. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) empieza en otro lugar. Antes de atribuir un motivo o un significado, plantea una pregunta más difícil: ¿qué revela este asesinato sobre el sistema que lo hizo posible? Desde hace años, el CPJ documenta ataques contra periodistas en todo el mundo y presiona a los gobiernos para que los investiguen. En México, donde los asesinatos de periodistas se han vuelto tan frecuentes que hemos tenido que actualizar dos veces nuestra lista del Memorial desde que comenzamos este número, su trabajo ofrece algo cada vez más escaso: un registro independiente que trasciende a cualquier administración, partido político o ciclo de noticias. Es una perspectiva construida no sobre titulares, sino sobre patrones.
Jan-Albert Hootsen, representante del CPJ en México, sostiene que el problema central no es simplemente la violencia, sino la impunidad. Los periodistas siguen siendo atacados porque quienes son responsables siguen creyendo que nunca enfrentarán consecuencias reales. Existen mecanismos de protección, se abren investigaciones, se emiten declaraciones, pero las estructuras más profundas que permiten estos crímenes permanecen prácticamente intactas.
AA: Ayer por la mañana fue asesinado el periodista Josué Martínez. Cuando ve un caso como este, ¿cuál es la primera pregunta que se hace?
JAH: Sí, la primera pregunta que uno siempre se hace cuando estamos ante el asesinato de un periodista es si el crimen estuvo relacionado con el trabajo de la víctima como reportero. En el caso de Josué Martínez, por ejemplo, estamos tratando de determinar si había recibido amenazas de muerte durante los últimos años, cuál era exactamente el contenido de su trabajo periodístico, qué estaba haciendo el medio para el que trabajaba y si todo ello encaja dentro de un contexto más amplio de violencia e impunidad en la región donde ejercía. Y, por supuesto, también debemos tomar en cuenta que este fue el cuarto caso de este tipo en menos de un mes, lo que significa que la opinión pública está profundamente preocupada por lo que está ocurriendo en México y por el aparente incremento de la violencia contra los periodistas en las últimas semanas.
AA: Desde la perspectiva del CPJ, ¿ha cambiado recientemente el entorno para los periodistas en México?
JAH: Lamentablemente, creemos que no ha cambiado. Y digo lamentablemente porque, si observamos cómo ha evolucionado la violencia contra los periodistas durante los últimos diez o quince años, hemos visto un aumento constante tanto de los ataques letales como de los no letales contra periodistas. Pasamos por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, después el del presidente López Obrador y ahora el de la presidenta Sheinbaum. Lo que nos preocupa es que la presidenta Sheinbaum ha informado de una disminución significativa en el número de homicidios. Estamos hablando de la violencia generalizada en México. Pero no vemos que esa disminución se refleje en la violencia contra los periodistas. Seguimos viendo el mismo nivel de violencia que antes. Seguimos viendo el mismo grado de impunidad en estos casos que antes. Existe, por lo tanto, una desconexión entre el panorama general de la criminalidad en México y la violencia específica contra los periodistas.
AA: ¿El CPJ interactúa con el gobierno mexicano sobre este tema?
JAH: Mantenemos un contacto constante con funcionarios de nivel medio, especialmente en la Secretaría de Gobernación, en particular con el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ya que son quienes coordinan las medidas de protección para periodistas en riesgo. También hablamos con la Fiscalía General de la República, porque el gobierno federal mexicano tiene, en nuestra opinión, tanto el mandato legal como la responsabilidad moral de atraer estos casos, especialmente cuando no están siendo investigados adecuadamente por las autoridades estatales. Además, interactuamos con frecuencia con gobernadores y gobiernos estatales para hablar específicamente del contexto en el que estos crímenes siguen ocurriendo.
AA: El gobierno mexicano sí cuenta con estos mecanismos de protección para periodistas, pero al observar lo que está ocurriendo sobre el terreno parece existir una brecha entre la política pública y la realidad.
JAH: Uno de los principales problemas de estas instituciones de protección, tanto a nivel estatal como federal, es que son fundamentalmente instituciones reactivas, es decir, responden después de que los hechos ya ocurrieron. No tienen el mandato de investigar los delitos cometidos contra periodistas y solo pueden actuar una vez que una amenaza o un ataque ya ha tenido lugar. Esto significa que, si el gobierno mexicano realmente quiere combatir en serio la impunidad y la violencia, tiene que adoptar un enfoque mucho más integral respecto al contexto en el que ocurren estos crímenes. Tiene que invertir en la capacidad de investigación de las agencias encargadas de hacer cumplir la ley. Tiene que revisar seriamente el funcionamiento de las instancias anticorrupción. Tiene que analizar con mucho cuidado cuáles son los factores específicos, a nivel local, que provocan estos ataques y responder de manera adecuada. Y, como usted señala, eso no está ocurriendo en este momento porque no existe una política integral para proteger a los periodistas más allá de la mera existencia de estas instituciones.
AA: Uno de los temas de los que hablaron Marcela Turati y Patricia Mayorga fue la impunidad, que usted también ha mencionado. Cuando se puede matar a un periodista, o cuando asesinan a un periodista y parece existir un grado de impunidad, ¿qué le hace eso al ejercicio mismo del periodismo en un país?
JAH: Creo que la impunidad es el factor más importante. Es el factor que incentiva estos crímenes. Es el factor que, de alguna manera, impulsa a los responsables a seguir atacando a los periodistas porque es un mecanismo relativamente fácil, en el sentido de que, si quieres atacar a un periodista, tienes los medios para hacerlo a tu disposición. Pero también sabes que, una vez que lo hagas, existe una probabilidad muy baja de que realmente seas detenido y condenado por un tribunal. El umbral para cometer estos actos de violencia es muy bajo. Por eso la impunidad debería ser la prioridad número uno para todos los involucrados. Sin duda lo es para el CPJ. Y siempre estamos tratando de investigar y documentar por qué ocurre esta impunidad. Yo personalmente la veo como una especie de cadena de acontecimientos, de momentos en los que el Estado mexicano tuvo la capacidad de hacer algo y no lo hizo. Y creo que un caso interesante para analizar es el de Roxana Guzmán, la periodista que fue secuestrada y asesinada en Veracruz, porque ese caso llamó tanto la atención debido a que se publicó un video en redes sociales en el que se podía ver a los perpetradores intentando entrar a la casa de Roxana. Y, en cuanto aumentó la conciencia pública sobre el caso y la presión de la opinión pública se volvió significativamente mayor, se pudo ver al Estado mexicano actuar. Arrestaron a ocho personas, entre ellas cuatro policías municipales de Veracruz como presuntos responsables del caso. Así que el Estado mexicano definitivamente tiene los recursos para actuar, pero no tiene los incentivos para hacerlo. Y en los otros tres casos ocurridos durante las cuatro semanas anteriores, la presión pública fue mucho menor, por lo que simplemente no se vio a las instituciones actuar como lo hicieron en el caso de Roxana Guzmán.
AA: Estoy seguro de que probablemente sea una combinación de factores, pero ¿la impunidad es consecuencia de la ineptitud institucional o de un grado de corrupción?
JAH: Creo que es consecuencia de ambas cosas. Si quieres identificar el momento o el punto en el que entra la corrupción, tienes que mirar a las fiscalías, especialmente a nivel estatal. Y también hay que mirar a las corporaciones encargadas de hacer cumplir la ley. Una vez más, creo que el caso de Roxana Guzmán es un muy buen ejemplo de ello, porque el hecho de que cuatro policías municipales estuvieran involucrados tanto en el secuestro como en el asesinato significa que existía un nivel importante de corrupción a nivel local, dentro de las fuerzas policiales municipales de la región de Nanchital. Y eso, evidentemente, conduce a la colusión entre los cuerpos de seguridad y el crimen organizado, lo que permite que ocurran crímenes tan terribles como el cometido contra Roxana Guzmán.
En cuanto a la ineptitud, la vemos con mayor frecuencia después de que se ha cometido un crimen contra un periodista, en el momento en que las investigaciones deberían llevarse a cabo de manera adecuada. Lo que normalmente hacen las autoridades mexicanas es actuar con rapidez, detener a unas cuantas personas y considerar que el caso está prácticamente cerrado. Pero, evidentemente, de acuerdo con nuestra propia metodología en el CPJ, un caso no está cerrado hasta que todas las personas involucradas en el crimen han sido detenidas, han comparecido ante un tribunal y, tras un juicio justo, han recibido una sentencia. Y, lamentablemente, eso no ha ocurrido en ningún caso de crímenes contra periodistas en todo este siglo.
AA: Si eso no ha ocurrido en ningún caso de asesinatos y crímenes contra periodistas en todo este siglo, ¿qué grado de intencionalidad existe?
JAH: Creo que se trata más bien de indiferencia. Realmente no existe un sentido de urgencia entre los sucesivos gobiernos federales mexicanos. Y una de las cosas interesantes de esto es que, en realidad, no importa qué partido esté en el poder. No es un asunto ideológico. Es un problema sistémico, profundamente arraigado en el sistema de justicia mexicano, donde los crímenes muy graves contra periodistas, contra defensores de derechos humanos, pero también contra la comunidad LGBTQ, contra las mujeres, contra los pueblos indígenas; en esencia, contra cualquier grupo vulnerable en México, suelen recibir una respuesta marcada por un alto grado de indiferencia. Eso puede interpretarse como intencionalidad. También puede interpretarse simplemente como una falta de conciencia sobre la necesidad de proteger los derechos humanos. Pero, en cualquier caso, es lo que sigue incentivando que estos crímenes continúen ocurriendo.
AA: ¿Cuál sería una conclusión concreta que la comunidad internacional, la gente fuera de México, debería extraer de lo que está ocurriendo en el país en este momento?
JAH: Creo que esa es una excelente pregunta, Jason. La perspectiva global es importante porque la mayoría de los crímenes, especialmente los asesinatos de periodistas en México, ocurren dentro del contexto de la guerra contra las drogas. Y esa guerra contra las drogas la libran tanto Estados Unidos como México, y México es una especie de primera línea. Si observamos las circunstancias específicas de crímenes como, por ejemplo, el secuestro y asesinato de Roxana Guzmán, gran parte de ello probablemente esté relacionado con un componente muy local de esa guerra contra las drogas. Estamos hablando de organizaciones de narcotráfico que corrompen a policías locales y atacan a cualquiera que pueda afectar sus intereses. En este caso fue Roxana Guzmán; pudo haber sido cualquier otro periodista. Por eso creo que las políticas de Estados Unidos también importan. Nosotros hemos abogado por un enfoque menos militarizado y menos agresivo frente a los poderosos cárteles del narcotráfico, porque cuando, por ejemplo, el Estado mexicano despliega al Ejército y a la Marina para enfrentar a estas organizaciones, normalmente se produce un aumento de la violencia. Y como los periodistas son especialmente vulnerables a ese tipo de violencia, suelen ser los primeros en ser amenazados y los primeros en convertirse en objetivo. Creo que todo esto debe entenderse dentro del contexto más amplio y global de la guerra contra las drogas. Y si realmente queremos resolver este problema, tendremos que examinar las políticas generales de la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Debemos preguntarnos si existe una solución que permita un enfoque más eficaz frente a las drogas y menos agresivo, uno que reduzca el grado de riesgo al que están expuestos los periodistas.
THE MACHINERY OF IMPUNITY
Jan-Albert Hootsen on Why Journalists Keep Being Killed
When a journalist is murdered, there is always the temptation to focus on the crime itself—the body, the suspects, the brutality of a single act. The Committee to Protect Journalists (CPJ) begins somewhere else. Before assigning motive or meaning, it asks a more difficult question: what does this killing reveal about the system that made it possible? For years, CPJ has documented attacks on journalists across the world and pressed governments to investigate them. In Mexico, where murders of reporters have become so frequent that we have had to update our Memorial list twice since starting this issue, its work provides something increasingly rare: an independent record that extends beyond any single administration, political party, or news cycle. It is a perspective built not on headlines, but on patterns.
Jan-Albert Hootsen, CPJ’s Mexico representative, argues that the central issue is not simply violence, but impunity. Journalists continue to be attacked because those responsible continue to believe they will never face meaningful consequences. Protection mechanisms exist, investigations begin, statements are made—but the deeper structures that permit these crimes remain largely untouched.
AA: Yesterday morning journalist Josué Martínez was murdered. When you see a case like this, what is the first question you ask?
JAH: Yeah, the first question you always ask when we’re dealing with a murder case is whether the crime was related to the victim’s work as a reporter. In the case of Josué Martínez, for example, we’re trying to determine whether he had received death threats over the past few years, what exactly his reporting was, what his news outlet was doing, and seeing whether it fits in a larger context of violence and impunity in a particular region where he was operating. And obviously, we also need to take into account it was the fourth such case in less than a month, meaning the public opinion obviously is deeply concerned about what’s happening in Mexico, and about the apparent spike in violence against reporters over the past few weeks.
AA: From CPJ’s perspective, has the environment in Mexico changed for journalists recently?
JAH: Unfortunately, we believe it hasn’t changed. And I say, unfortunately, because if you look at how violence against journalists developed over the past, say, 10 to 15 years, we’ve seen a steady rise in a number of attacks, both lethal and non-lethal against journalists. First, President Enrique Peña Nieto, then President López Obrador, and now President Sheinbaum. And what is concerning to us is that President Sheinbaum has reported a significant drop in the number of homicides. We’re talking about sort of generalized violence in Mexico. But we don’t see that reflected in the violence against journalists. We see the same level of violence as we’ve seen before. We’ve seen the same degree of impunity in these cases, as we’ve seen before. So there’s a disconnect between the larger criminal landscape in Mexico and the specific violence against journalists.
AA: Does CPJ interact with the Mexican government on this issue?
JAH: We regularly interact with mid-level officials, especially at the Ministry of the Interior, specifically the federal mechanism for the protection of journalists and human rights defenders, because they coordinate protective measures for reporters at risk. We talk with the attorney general’s office, because the Mexican federal government has the legal mandate and the moral responsibility, in our opinion, to attract these cases, especially when they’re not properly investigated on the state level. And we interact a lot with governors and state governments to talk specifically about the context in which these crimes continue to happen.
AA: The Mexican government does have these mechanisms for protection of journalists, but from just looking at what’s happening on the ground right now, there seems to be some sort of gap between policy and reality.
JAH: One of the main issues with these protection institutes that you have both on the state level and on the federal level is that they are mostly reactive institutions, meaning that they respond after the fact. They don’t have the mandate to investigate crimes against journalists and are only able to respond once a threat or an attack has already taken place. This means that if the Mexican government actually wants to be serious about combating impunity and combating violence, they need to look at a much more comprehensive way at the context in which these crimes occur. They have to invest in investigative capacities for law enforcement agencies. They have to take a good look at the anti-corruption agencies. They have to take a really good look at what are the specific factors on the local level that lead to these attacks and respond appropriately. And as you say, this is not happening right now because there’s not a comprehensive policy to protect reporters beyond the existence of these institutions.
AA: One of the issues that Marcela Turati and Patricia Mayorga talked about was impunity, which you’ve mentioned. When you can kill a journalist or when a journalist is murdered and there appears to be a degree of impunity, what does that do to the practice of journalism itself in a country?
JAH: I think impunity is the most important factor. It’s the factor that incentivizes these crimes. It’s a factor that sort of pushes the actors to continue attacking reporters because it’s a fairly easy mechanism in the sense that if you want to attack a journalist, then you have the means to do so at your disposal. But you know that once you’ve done so, there’s a very small chance you will actually be caught and be sentenced in a court of law. The threshold to commit these acts of violence is very low. So impunity should be the number one priority for everybody involved. It certainly is the priority for CPJ. And we’re always trying to investigate and document why this impunity is happening. I personally look at it as sort of a chain of events, of moments, when the Mexican state had the capacity to do something and doesn’t do so. And I think what’s an interesting case to look at is the case of Roxana Guzman, the reporter who was abducted and killed in Veracruz, because that case caught so much attention because there was a video published on social media in which you could actually see the perpetrators trying to break into the home of Roxana. And as soon as the awareness was there and the pressure from public opinion became significantly higher, you could see the Mexican state actually acting. And they arrested eight people, amongst them four local policemen in Veracruz as the possible perpetrators of the case. So the Mexican state definitely has the resources to act, but they don’t have the incentive to do so. And with the other three cases that occurred over the past four weeks, public pressure was so much lower that you just don’t see the institutions move the way they had in the case of Roxana Guzman.
AA: I’m sure it’s probably a mix, but is impunity a function of institutional ineptitude or a degree of corruption?
JAH: I think it’s a function of both. If you want to look for the moment or the point in time when corruption comes in, you have to look at the fiscalías, the prosecutor’s offices, especially on the state level. And you have to look at law enforcement. And once again, I think Roxana Guzman’s case is a really good example of this, because the fact that four municipal police officers were involved in both the abduction and the murder means that there was significant corruption on the local level. At the municipal police forces in the region of Nanchital. And that obviously leads to the collusion between law enforcement personnel and organized crime, which allows terrible crimes like the one committed against Roxana Guzman to take place. When it comes to ineptitude, we see that more often on the moment crime against a journalist has taken place and the moment investigations have to be done properly. Usually what Mexican authorities do is they want to act quickly, they arrest a few people, and then consider the case to be pretty much closed. But obviously, according to our own methodology at CPJ, the case isn’t closed until all the people involved in the crime have been arrested, have had their day in court, and in a fair trial have received a sentence. And unfortunately, this has not happened in any case of crimes against journalists this entire century.
AA: If this hasn’t happened in any case this century to murders and crimes against journalists, what degree of intentionality is there?
JAH: I think there’s more of an indifference. There’s not really a sense of urgency with successive Mexican federal governments. And one of the interesting things about that is it doesn’t really matter which party is in charge. This is not an ideological issue. It’s an issue that is systemic, that is sort of baked into the Mexican justice system, where very severe crimes against journalists against human rights offenders, but also against the LGBTQ community, against women, against indigenous communities, basically any vulnerable group of people in Mexico is usually answered with a very high degree of indifference. And you can interpret that as intentionality. You can also interpret it as simply the lack of awareness of the need to protect human rights. But at any rate, it is what keeps incentivizing these crimes to happen.
AA: What is a concrete takeaway that the international community, people outside of Mexico, could be taking away right now from what’s happening in Mexico?
JAH: I think that’s a great question, Jason. The global perspective is important because most of the crimes, especially the deadly crimes against journalists in Mexico, occur within the context of the war on drugs. And this war on drugs is fought out by both the United States and Mexico, and Mexico is a front line of sorts. And if you look at the specific conditions of crimes like, for example, the abduction of Roxana Guzman and the murder, much of that has likely to do with a hyper-local component of the war on drugs. We’re talking about drug trafficking gangs who corrupt local police officers who will attack anybody who might affect their interests. And in this case, it was Roxana Guzman, might have been another journalist. So I think policies in the United States, they matter as well. We have been advocating for a less militarized, less heavy-handed approach against powerful drug trafficking cartels, because the moment, for example, the Mexican state begins deploying the military and the Navy to attack these very powerful drug trafficking gangs, it usually means there’s a spike in violence. And because journalists are uniquely vulnerable to this kind of violence, they’re usually the first to be threatened and the first to be targeted. So I think it fits within this wider global context of the war on drugs. And if we really want to get rid of this problem, we’re going to need to take a look at the broader policies of the fight against organized crime and the fight against drug trafficking. And we should wonder whether there’s a solution that might lead to a more effective approach against drugs and a less heavy-handed approach that might place journalists at a higher degree of risk.